Stranded: Why is the VISTA bus service ending on July 1, 2012?

On July 1, 2012, VISTA (Ventura Intercity Service Transit Authority), which serves the basic needs of working-class Ventura County commuters, is scheduled for a “possible service disruption.” All 7 routes will grind to a halt and the buses we now use will permanently end service in the region.

These buses provide an essential service and economic lifeline for thousands of workers, students, disabled, and elderly who will be stranded in their cities if the service is grounded. Commuting in Ventura County without a car is already difficult enough, but the threatened disruption will force commuters both inside and outside of the county to resort to expensive trains and charter buses. The city of Santa Paula provides one example where commuters will become almost completely isolated from neighboring cities.

How did this situation come to pass? Well, the outside contractor for the Ventura County Transit Commission (VCTC), Coach USA, decided to declare bankruptcy. Unlike Gold Coast Transit, LA Metro, TO Transit, and most other systems, Vista buses are NOT owned by the County or a local municipality. Instead, the service has been outsourced to a major investment group headquartered in the UK. Coach USA, the holding company which operates VISTA, is owned by the private New York-based investment managers Fenway Partners, who act on behalf of an international corporation called Stagecoach Group. The CEO of Stagecoach is “transport tycoon” Sir Brian Souter, a deeply conservative Knight of the British Crown.

Apparently, Coach has auctioned off its VISTA buses to two companies: one being Transportation Management Systems… and the other being Stagecoach.

Stagecoach’s Sir Brian Souter is worth over $625 million USD. His political power in his home country of Scotland is a result of the buying of politicians by the bus-load. They, in turn, have rewarded him with not only his knighthood but also with deep cuts in municipal transportation budgets, allowing Sir Brian to “rescue” local services with his own private fleet of high-fare buses staffed with low wage-earners. The result has been the swallowing-up of local public transit services by Sir Brian.

Souter’s “Coach USA” recently signed a yearlong contract with the Ventura County — an agreement to provide full, uninterrupted service. Now that Coach has abruptly broken the contract, residents are stuck with the results of VCTC’s short-sighted attempt at cutting costs.

Here are some questions that we need to ask: Why is our bus system not owned and controlled by the County itself? Why was it left in the hands of cheapskate businessmen with “Coach USA” and multimillionaire “vulture capitalists” from Europe?

We need to hold the County accountable and demand that the VCTC not only ensures uninterrupted service, but that they find a permanent solution to this problem. Our community’s needs can’t be ignored, and our economic lifelines should remain free from the threat of “disruptions” resulting from a total lack of planning.

More info:

http://www.goventura.org/ , http://www.coachusa.com/ http://www.stagecoach.com/investors.aspx

6/18/12 VISTA bus lines could stop running July 1, leaving 1,500 riders in lurch http://bit.ly/L1yoWT

6/18/12 Bus company bankruptcy could end Ventura County service http://bit.ly/Ml4FWD

4/1/12: Scottish Government refuse to publish secret correspondence with tycoon Brian Souter http://bit.ly/HHsYKf

4/6/12 EDINBURGH AND GLASGOW LEADERS UNITE TO URGE CHANGE ON BUS CUTS http://bit.ly/M3gdPG

2/13/12 Souter donation makes the election much more interesting http://bit.ly/MqWeVJ

1/14/00 Boycott call in Stagecoach ‘anti-gay’ row http://bbc.in/Ndcpee

¿DEJARÁN A NUESTRAS COMUNIDADES ABANDONADAS?

El 1 de julio de 2012 VISTA (la Autoridad de Servicio de Tránsito Interurbano de Ventura) está planeando una “posible interrupción de servicio.”  Las 7 rutas en total se detendrán definitivamente, resultando en negligencia de las necesidades básicas de transporte para la clase trabajadora y los viajeros del Condado de Ventura.

Estos camiones ofrecen un servicio esencial para la sobrevivencia económica de nuestras comunidades. Con la eliminación de estos camiones miles de trabajadores, estudiantes, discapacitados y ancianos se verán abandonados en su hogar. Sin acceso a un automóvil, y con la eliminación del transporte público, será imposible viajar dentro del condado de Ventura tanto como entre los condados de Los Ángeles y Santa Bárbara. Los métodos de transporte se limitarán a trenes costosos y autobuses privados, y la ciudad de Santa Paula estará completamente aislada.

¿Por qué está pasando esto? El contratista privado Coach USA, que opera por medio de la Comisión de Tránsito del  Condado de Ventura (VCTC), se ha declarado en bancarrota. A diferencia de la mayoría de los sistemas de transporte público, los autobuses de VISTA NO SON propiedad del condado ni municipio local. Coach USA (la compañía que opera los camiones VISTA) es propiedad del grupo de inversionistas Fenway Partners, basados en Nueva York y que actúan en nombre de la corporación internacional Stagecoach Group. El director ejecutivo de esta compañía es el “chantajista de transporte” Sir Brian Souter, un conservador extremo de la Corona británica.

El valor de Souter equivale a más de $625 millones de dólares. Este hombre ha logrado acumular poder en su país natal de Escocia mediante la corrupción y la compra de docenas de políticos. Ellos, a su vez, le han recompensado con profundos recortes a los presupuestos de transporte público, y así le han permitido a Sir Brian “rescatar” estos servicios. De esta forma la compañía privada implementa su propia flota de autobuses con altas tarifas, empleando a personal con salarios bajos, y así remplazando los servicios locales de transporte público.

Souter (Coach USA) recientemente firmó un contrato con el VCTC que poco después rompió sin un aviso previo razonable. Ahora nos vemos obligados a solucionar los problemas causados por los vagos intentos de VCTC en ahorrarse los costos a través de la privatización de este servicio público. Las necesidades fundamentales de transporte quedan en las manos de esta nombrada empresa privada.

Los camiones VISTA se han vendido a dos empresas una de las cuales es Stagecoach Group. El 25 de junio, 2012, Scotsman.com publicó un artículo titulado “Director de Stagecoach espera que esta vez Coach USA arrase”. Sir Brian ahora está “arrasando” con nuestros camiones y tenemos que exigir que se investigue este negocio corrupto.

Ahora los jefes del condado dicen que la mala planificación por su parte debe solucionarse “razonablemente” lo cual significa que “los pasajeros compartan algunos de los costos”.

Estas son algunas preguntas que no debemos hacer: ¿Por qué nuestro sistema de camiones no pertenece y es mantenido por el propio Condado? ¿Por qué fue dejado en las manos de hombres de negocios corruptos con Coach USA y multimillonarios “buitres capitalistas” basados en Europa? ¿Ahora qué?

Tenemos que presionar al Condado para que rinda cuentas a esta compañía y demandar que Ventura VCTC no sólo garantice servicio ininterrumpido, pero que encuentre una solución permanente al problema que ellos crearon sin hacernos pagar a nosotros. Debemos organizarnos para evitar que  nuestras comunidades sean engañadas e impedir que nuestras necesidades sean ignoradas. El transporte público es necesario para nuestra subsistencia económica y no merecemos “interrupciones” inesperadas.

HA LLEGADO EL MOMENTO – Acceso a licencias para todos en California

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A mediados de los 90s, bajo la administración del gobernador Pete Wilson, se produjo una ola de sentimiento anti-migrante que contribuyó al desarrollo de la Proposición 187—la cual pretendía prohibir a hombres, mujeres y niños sin papeles el acceso a la educación pública, atención médica y demás servicios sociales. La Proposición 187 fue aprobada con el 59% de los votantes a favor (aproximadamente 5 millones) y el 41% en contra (aproximadamente 3.5 millones). Posteriormente, la Proposición 187 fue cuestionada en la corte como inconstitucional y, a pesar de que Pete Wilson intentó apelar la revocación, el gobernador entrante Gray Davis removió las apelaciones y así logró eliminar la propuesta.

Es importante destacar que hubo protestas masivas en contra de la Proposición 187. El sentimiento anti-migrante y sus respectivos proyectos legislativos marcaron el comienzo de una nueva generación de activistas que se comprometieron a la lucha por la justicia. En Los Ángeles, por ejemplo, más de 70,000 personas marcharon en contra de la proposición y cientos de estudiantes se organizaron por todo el estado para salir de sus escuelas en protesta, algo que no se había visto desde 1968.

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Fue también a mediados de los 90s cuando se realizó un cambio significativo para el acceso a licencias por personas indocumentadas. Anterior a 1994, un individuo podía entrar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y simplemente presentar documentos que comprobaran que vivía en el estado de California. Por ejemplo, podía entregar una factura de servicios públicos o un recibo de teléfono y sucesivamente inscribirse para tomar los exámenes (por escrito y práctica) de manejo, así demostrando que tenía el conocimiento básico de las normas y los reglamentos necesarios para conducir en las calles y carreteras de California.

Sencillo.

Sin embargo, este proceso cambió drásticamente a mediados de los 90s y sigue vigente hoy en día. Actualmente se exige que cualquier persona que desee acceder a una licencia para conducir compruebe su ciudadanía a través de un número de seguro social, ya que no es suficiente simplemente demostrar su residencia en el estado. Este nuevo requisito ha excluido a más de 1 millón de trabajadores indocumentados del proceso para acceder a licencias y ha producido un dilema para los trabajadores que se encuentran con la necesidad de manejar sin licencia.

Sólo existen 3 estados en los Estados Unidos que reconocen la importancia de mantener el acceso a licencias para todos los conductores; Nuevo México, Utah y Washington. Recientemente, el gobernador de Nuevo México intentó revertir esta práctica pero fue detenido por la legislatura.

¿Por qué California no permite el acceso a licencias para todos?

En este momento, está claro que a nivel federal no existe una semblanza de “reforma comprehensiva migratoria” y, sobre todo, una reforma que esté “basada en la dignidad, al igual que en los derechos laborales, humanos, y civiles para todas las personas.*” Barack Obama y sus falsas promesas de aprobar una reforma se han quedado al margen ya que en realidad se han visto cantidades históricas de deportaciones masivas bajo su administración, por medio de programas como “Comunidades Seguras”, las cuales no se habían visto desde la época de la “Operación Espalda Mojada”. La política anti-migrante continua escalando a nivel nacional, por ejemplo, la ley SB 1070 conocida como la ley “Muéstrame tus documentos” de Arizona. Otros estados que han intentado literalmente seguir a Arizona incluyen: Indiana, Utah, Mississippi, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. El año pasado California bloqueó el proyecto gemelo de la ley SB 1070 junto con otras propuestas anti-migrante que persisten.

Ni el reciente DREAM Act fue aprobado. Aunque solamente ayudaría a un sector pequeño y muy específico de inmigrantes (los jóvenes/estudiantes), el DREAM Act pudo abrir paso a un “camino a la ciudadanía” a través de estrictos requisitos que incluían educación superior o reclutamiento militar.  Sin embargo, casi el 70% de esta población de jóvenes/estudiantes indocumentados tendría que aplicar por medio del servicio militar gracias a los altos costos de una educación universitaria, los recortes de los presupuestos, etc. Estas circunstancias convertirían a estos jóvenes en carne de cañón para las guerras en el extranjero—en lugares como el Medio Oriente, Asia, África y América Latina—y tal vez obtendrían la ciudadanía mientras esperaran la fecha de su deportación o, en el peor de los casos, recibirían la ciudadanía póstumamente.

Ya que no existe una propuesta comprensiva de reforma migratoria, que beneficie a la población indocumentada en toda la nación, comunidades se han levantado para emprender cambios a nivel local y/o estatal que afectan a la población migrante.

Por ejemplo, California recientemente aprobó AB 130 y AB 131 y que garantizan que estudiantes indocumentados residentes de California tengan el derecho de pagar la matrícula estatal y la posibilidad de beneficiarse de becas y otros recursos indispensables para continuar sus estudios. Asimismo, ha habido esfuerzos que intentan impedir el aumento de los retenes policiales y así disminuir el abuso que han tenido que enfrentar los trabajadores indocumentados durante los últimos veinte años. El sistema utilizado por los departamentos de policía y gobiernos locales exigen que los vehículos que son confiscados de conductores sin licencia se mantengan (por obligación) un mínimo de 30 días en el corral de la grúa. Adicionalmente, no solo es confiscado el vehículo sino también en muchos casos estas familias se ven forzadas a caminar hasta sus casas con todas sus pertenencias, o, a esperar en la calle con sus niños de brazo para que un familiar los recoja. Al no permitirles recoger su vehículo al día siguiente se acumulan los costos por la confiscación mínima de 30 días. Estos costos impiden que muchas personas recuperen el vehículo y permite que se venda  en una subasta, produciendo aun más ganancia para las empresas de grúa y los gobiernos locales. Si todo esto no fuera poco, los dueños de los vehículos son multados adicionalmente por abandonar su vehículo en el corral de la grúa.

Si un conductor sin licencia desea recuperar su vehículo tendría que pagar todas las multas que le costaría miles de dólares, entre $1,000-$3,000 es lo que suele costar rescatar un vehículo de las garras del Estado. La mayoría de los departamentos de policía de la ciudad cobran un “cargo administrativo” entre $100-$200 para permitir que alguien recoja el vehículo. En algunas lugares, en la ciudad de Oxnard por ejemplo, los “cargos administrativos” para librar el vehículo son $241 (el más alto en el condado de Ventura), y cerca de $100 de estos “cargos administrativos” van al oficial que citó al conductor sin licencia y que es responsable por la confiscación del vehículo. Qué bonita táctica de motivación.

Adicionalmente, aparte de los cargos iniciales de la grúa, la mayoría de las compañías cobran entre $30-$60 por vehículo/por noche que está en el corral. Si a estos costos se le agregan las multas que cobra la corte por conducir sin licencia queda claro que este sistema lucrativo a producido millones de dólares en ganancias a lo largo de las últimas dos décadas. La cantidad de retenes policiales ha aumentado por un 53% en los últimos años. ¿Coincidencia?

Comunidades en ciudades urbanas de California como San Diego, Santa Ana,  San Francisco, San José, y Los Ángeles, tanto como en pueblos pequeños como Oxnard, se han organizado para denunciar los retenes policiales. Estos retenes—que las autoridades encubren con falsas declamaciones sobre la seguridad vial junto con sus esfuerzos erróneos para eliminar conductores inebriados—son parte de un esquema que disfruta de ganancias en millones de dólares (con un promedio de $40 millones por año) a costa de una población vulnerable y un sector económicamente marginada por el estado: la Raza trabajadora sin papeles.

Photo: Members of the Southern California Immigration CoalitionPhotoPhoto: Licenses for the undocumented. Beware of checkpoints and patrols. 

Recientemente, la colaboración de grupos por todo el estado y la presión de la comunidad logró que se aprobara AB 353. Esta nueva ley garantiza derechos específicos en los retenes de policía para personas que conducen sin licencia. Las autoridades ya no pueden confiscar los vehículos de personas sin licencia simplemente por no tener acceso a la solicitud de este documento y debe permitir que el dueño registrado del vehículo—o un conductor con licencia que tenga el permiso del dueño registrado—pueda llevarse el vehículo y así evitar que sea confiscado. Evidentemente, AB 353 ha resultado en una gran disminución de vehículos confiscados en los retenes.

Ahí está el problema.

Ahora que la policía ya no puede confiscar vehículos en los retenes (más bien robarle los vehículos a Raza indocumentada para sacar ganancia), han comenzado a utilizar los fondos de las subvenciones estatales y federales destinadas a prevenir DUI (conducir bajo la influencia) menos para los retenes y más para “patrullas en saturación” donde no aplican las protecciones garantizadas por AB 353. En realidad, más del 90% de los vehículos confiscados de Raza indocumentada ocurren en paradas de tráfico general y no en los retenes. Los niveles inmensos de discriminación racial y la criminalización sistemática de miles de personas continúan.

El proyecto de ley AB 1993 que actualmente va en camino legislativo, y ha sido aprobado por la asamblea estatal, conseguiría garantizar los derechos otorgados en los retenes por AB 353 y aplicarlos a todas las paradas de tráfico. Esta medida progresista apaciguaría la situación actual por lo que debemos impulsarla y apoyarla. Conductores sin licencia que son detenidos en paradas de tráfico estarían protegidos de que sus vehículos sean confiscados, sin embargo, todavía tendrían que pagar una multa por haber conducido sin licencia.

La economía del estado de California se apoya en los hombros de Raza trabajadora. Ahora más que nunca ha llegado el momento para proclamar el acceso a las licencias para todos en California. Usamos nuestros vehículos para llevar a nuestros hijos a la escuela, para ir a trabajar en los campos, fábricas, restaurantes, y hoteles que históricamente han mantenido este estado a flote y prosperando. Vamos a exigir salarios dignos para sostener a nuestras familias y vamos a deshacernos del miedo que nos conlleva al poneros detrás del volante todos los días.

Este verano comunidades en todo el estado—desde San Diego hasta Sacramento—se unirán para impulsar el proyecto de ley que garantice el acceso a licencias para todos. Manténganse atentos ya que hay información por venir, y ¡Únase a nosotros!

¡Ya basta! Licencias Para Todos Ahora!

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THE TIME HAS COME – California Access for Licenses for All

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In the mid 1990’s, under the then Governor Pete Wilson, there was a wave of anti-migrante sentiment which ushered in Proposition 187, aiming to prohibit anybody undocumented, men, women and children from accessing health care, public education and other social services. Proposition 187 passed, with nearly 59% of voters, about 5 million supporting and 41% of the electorate voted against, totaling about 3.5 million voters.  Prop 187 was subsequently challenged in court as unconstitutional and after Pete Wilson attempted to appeal the overturning of Prop 187, the incoming governor, Gray Davis “pulled the appeal, effectively killing the law.”

Importantly, it must be highlighted that there were mass protests against the Proposition 187.  The outright anti-migrante bill also ushered in a new generation of activists that came out to fight for justice. In Los Angeles, for example, over 70,000 marched against the bill and hundreds upon hundreds of students organized mass walk-outs from schools across the state that had not been seen since 1968.

It was also during the mid 1990’s however, that a major change in the ability for undocumented workers to access driving licenses changed dramatically. Prior to 1994, a person could walk into the Department of Motor Vehicles (DMV) and simply present a few documents proving that they resided in the state. For example, you could bring in a utility or phone bill that proved residency and then, simply, one would sign up to take the written exam and manual driving test to prove that they had the basic understanding of the rules and regulations as related to driving on California streets and highways.

Simple.

This was drastically altered during the mid 1990’s, where now and since then, anybody that wanted to access a driving license could no longer prove residency of living in the state by providing utility bills and an identification, but now had to prove citizenship via a social security number. This essentially barred over 1 million undocumented workers to access the much needed license and has led to a catastrophic dilemma of workers driving without licenses.

There are only three (3) states that continue to see the importance of providing access to driving licenses to all motorists, the states of New Mexico, Utah, and Washington.  Recently, the governor of New Mexico attempted to overturn the practice, but was shut out by the legislature.

The question is, why does California not allow access to driving licenses for all?

Today, at the federal level, there clearly appears to be no semblance of a ‘Comprehensive Immigration Reform’ on the horizon, especially a reform that is “based on dignity, human, labor, civil rights for all people.*” The false promises of Barack Obama to pass reform have fallen by the wayside and in fact, have led to historical record-breaking mass deportations, via programs such as “Secure Communties”, unseen since the old days of Operation Wetback.

Especially with the ever encroaching anti-migrante politica coming out of the states like  Arizona, with Senate Bill 1070 – the ‘Show me your papers bill” for example. Other states are following to copy cat Arizona, like the states of Indiana, Utah, Mississipi, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Nebraska, South Carolina, Tennessee, and Texas. Last year, California blocked the SB-1070 Copy Cat bill, among other anti-migrante bills that are lingering.

Not even the federal DREAM ACT was passed, a proposal that would provide a very specific sector of youth and students the possibility of attaining a ‘path to citizenship’ through a strict arduous trek either through higher education or military recruitment. Nearly 70% of this undocumented youth/student sector would most likely have to take the military enlistment route – a “poverty draft”,  due to the high costs of a college education, budget cuts, etc… leading them to be the cannon fodder for the upcoming wars abroad in the Middle East, Asia, Africa and Latin America, perhaps gaining citizenship while waiting in line for deportation or posthumously.

Having that any real ‘reform’ benefitting migrantes at a national level looks bleak, communities have launched efforts to change local or state policy affecting migrantes.

For example, the state of California recently passed AB-130 and AB-131, granting undocumented students access to in-state tuition and the possibility of benefiting from access to scholarships and other much needed resources to continue their studies.  There have also been efforts to address the abuse and profiteering generated from the increase in police checkpoints where, undocumented workers, for the past nearly twenty years had to deal a mandatory 30-day impound policy for vehicles confiscated from unlicensed drivers. These undocumented workers were forced to have their vehicle impounded, and in many cases, forced to walk home will all their belongings, children hugging them as they waited at the curbside for somebody to pick them up. They could not pick up their vehicle the next day, rather, had to wait out the 30-Day Impound, and then have to consider the costs. Many would leave their vehicle impounded, where their auto was later sold in an auction, bringing in more profits for the tow-yard companies and the city. On top of that, they were still fined for leaving their vehicle at the tow-yard.

  

If an undocumented driver even fathomed paying all of the ransom fines to recover their vehicle, it literally cost them thousands of dollars. A minimum of anywhere from $1,500-$3,000 in fees is what it usually cost to rescue their auto from the grips of the state. Most city police departments first, charge an ‘administrative/release fee’ ranging from $100-$200 to get a permit to pick up a vehicle.  In some cities,  for example the in the city of Oxnard, the ‘release permit’ costs $241 (the highest in the county of Ventura) at the police station with some of the ‘administrative fees’, nearly $100 goes back into the pocket of the citing officer. Nice little incentive. Then, most local impound yards charge anywhere from $30-$60 a night per vehicle impound plus fees for the tow. Then, adding on top of that the fines in court for ‘driving without a license.’  These fees have resulted in millions of dollars in profit over the last two decades.  The rate of police checkpoints has increased by 53% in the last couple of years.

  

Communities across California, from urban cities like San Diego, to Santa Ana, to San Francisco, San Jose to Los Angeles to smaller towns such as Oxnard began to organize to expose police checkpoints, guised under traffic safety and driving under the influence revision checks as a profiting scheme to rake in millions of dollars, with an average of $40 million per year off the back of the most vulnerable, economically disenfranchised population in the state; working-class Raza sin papeles. Recently, with the state-wide unity and pressure from the community AB-353 was enacted. With the passing of AB-353 new rights are now guaranteed to unlicensed drivers at police checkpoints, where authorities can no longer impound vehicles of undocumented unlicensed drivers simply for not having access to a license. The police must allow for the registered owner, or a licensed driver with the permission of the registered owner of the vehicle to secure the vehicle from the checkpoint without it being towed. AB-353 has led to a sharp decrease in the number of impounds at checkpoints.

Photo: Members of the Southern California Immigration Coalition Photo Photo: Licenses for the undocumented. Beware of checkpoints and patrols. 

Therein lays the problem.

Now that the police can no longer confiscate, outright steal undocumented Raza’s vehicles from checkpoints to cash in, they have reverted to utilizing state and federal grants for dealing with Driving Under the Influence away from checkpoints to mass ‘Saturation Patrols’, a loophole, where the protections at checkpoints are null and void. The reality is that over 90% or more of the impounded vehicles from undocumented Raza occurs outside of official checkpoints at general traffic stops. The dramatic increase in racial profiling and systematic criminalization of thousands upon thousands continues.

There is a bill, AB-1993 that has worked its way into the state legislature and has now passed the assembly. This bill would essentially guarantee the rights given at checkpoints by AB-353 to general traffic stops. This is a progressive measure that would ameleorate some of the burden, so we must push and support it. Unlicensed drivers would be protected in most general traffic stops from their vehicles from being towed, however, they would still be fined for driving without a valid California Driver License.

The very backbone of the state of California’s economy rests upon the shoulders of Raza. Now more than ever, the time has come, to enact access to Licenses for All in California.  We use our vehicles to take our children to school,  go to work  in the campos, factories, restaurants, hotels that have historically kept this state afloat and thriving.  We will demand dignified wages to sustain our families and can no longer live in fear from getting behind the wheel and become open targets every day for not having a license to drive.

This summer, communities will unite state-wide to push for the long overdue access to licenses for all.  From San Diego to Sacramento. Stay tuned for more information to come! Join us!

Ya basta! Licencias para todos, ahora!


Bilingual report: Fighting police checkpoints while pressing for a dream

Featured cover story for the June edition of Amigos805: 

June 1, 2012

Members of the Oxnard Police Department recently conducted a traffic stop in the city looking for suspected drunk drivers and other motorists who may have violated various laws. Photo by Cesar Arredondo / Amigos805

Activists use the latest technologies to help undocumented immigrant motorists and hope 2013 could bring ‘license for all’

By Cesar Arredondo / Amigos805

Francisco Romero doesn’t like police checkpoints. He believes that towing companies and municipalities unfairly profit from undocumented immigrants caught there driving without a license.

So Romero would likes to hit them where he thinks it hurts: their pockets.

The Oxnard resident is a member of Todo Poder al Pueblo Collective, an activist group that uses Facebook, Tweeter and texting to warn immigrants about checkpoints before they happen — and avoid getting stopped, fined and their vehicles impounded. Collective members also turn out on location to help motorists avoid inspection points by law enforcement.

On a recent night, half a dozen collective members and supporters held huge signs in English and Spanish along Saviers Road to alert motorists about a checkpoint around the corner on Pleasant Valley Road in Oxnard.

“We probably turned away several hundreds vehicles,” Romero says proudly. “Some of the drivers were campesinas.”

 IMPOUND FEES SURVEY

A Ventura County grand jury report on vehicle impound fees published last March found that most cities charge fees according to state vehicle code.

The collective doesn’t buy it and plans to press on with its preemptive checkpoint warning system.

Until last year unlicensed drivers faced a mandatory 30-day vehicle impound when caught and also faced other fees in accordance to state and local laws. Than meant fees of up to $1,500, often higher than the car’s worth. Many immigrants abandoned their cars instead of paying the charges while still facing court fines.

SOME RELIEF

A new state law, however, forbids automatic towing for getting caught driving without a license at checkpoints. AB 353 was authored by Assemblyman Gil Cedillo (D-Los Angeles) after news reports said that the corruption-plagued city of Bell used police inspection points to charge huge fees from undocumented immigrants. The law went into effect at the beginning of this year.

Now unlicensed drivers at checkpoints can have the vehicles’ registered owners or their authorized representa­tives pick up the cars by showing a driver’s license before the checkpoints close, according to Senior Office and Traffic Coordinator Jamie Brown of the Oxnard Police Department.

If that’s not possible, the cars will be towed away but can be pick up the following days — no longer a minimum of 30 days, says Brown. In Oxnard, this could mean having to pay the $241 police release fee, the $130 towing fee and the $30 daily storage fee — about $400 in total.

NOT ENOUGH PROGRESS

Todo Poder al Pueblo collective acknowledges that things have improved but insists that cities and towing companies are still raking in high fees and profiting from many undocumented immigrants, who usually work in low-paying jobs in agriculture and other sectors.

Oxnard has the highest vehicle release fee in the county. Thousand Oaks is second with $220, followed by Ventura with $200 and Port Hueneme with $160. The Sheriff’s Office’s charges an $11 fee in unincorporated areas, the lowest in the county.

Activists also question what the collected fees are used for.

But according to the grand jury’s report, in the case of Oxnard the $241 release fee covers the cost of checkpoint personnel and resources, including a police officer, a police department commander, a dispatcher, a records technician, a word processor and a black and white cruiser involved. Other cities use different formulas. The report does not break down the cost per item.

STATE GRANTS

On the other hand, the city also has received several grants from the California Office of Traffic Safety for drunk driving and collision prevention, including one to two checkpoint each month, says Senior Officer Brown.

For example, in November of 2010 the city got a grant of $305,000 for a whole year, according to a police depart­ment press release. The document did not specified how much money was allocated to checkpoints.

On the last checkpoints from 6 p.m. to 3 a.m. on May 25, more then 20 police officers and various other volunteers worked two locations, one at the intersection of Pleas­ant Valley at Saviers roads and the other on the corner of Oxnard Boulevard and Eight Street. They also involved several motorcycles, cruisers, trucks and other equipment.

EDUCATING THE COMMUNITY

Both the police and activists seem to agree that the num­ber of impounded cars may be decreasing this year thanks to AB 353 based on anecdotal evidence, although neither provide figures.

In order to keep those numbers low, the community needs to be informed about their rights and responsibilities, according to some activists.

“A lot of undocumented immigrants are still driving but unaware of the new law,” says Miguel Rodriguez, a community organizer with the Central Coastal Alliance United for a Sustainable Economy, CAUSE. “They should learn about the new rules and carry on them a Mexican ID card, a phone number of someone who could pick up their cars at checkpoints and proof of car insurance. They also need to stay away from situations where they can be pulled over.”

“Vehicle impounds were a terrible situation in Ventura County,” says Alicia Flores, executive director of La Her­mandad Hank Lacayo Youth and Family Center in Oxnard. “But things are changing. At our center we don’t get as many complaints as we used to.”

Most activists believe that the best solution would be a humane, comprehensive immigration reform, which has proven elusive under President Barack Obama’s term in office.

ONE MORE TRY

For now they are turning their attention to another

legislative effort in Sacramento to restore the driver’s license for undocumented immigrants, which was available for many years until it ended back in 1993.

Assemblyman Gil Cedillo says he will introduce again legislation in the next few months before the end of he’s termed out of office later this year.

There is a new sense of optimism among immigrants in California. The state passed the Dream Act that will allows undocumented students to get financial aid to attend college.

And some point to recent comments in favor of driver licenses for undocumented immigrants made by Los Angeles County Sheriff Lee Baca and Los Angeles Police Chief Charlie Beck.

“We are hopeful that 2013 will be the year,” says Elliott Gabriel, another member of Todo Poder al Pueblo Col­lective. “We need the entire community to get behind this issue and send a message that the time is now. We need the support of organized labor, faith groups, students, everyone in our communities.”

Adds Romero, the other collective member: “We’re going to be lobbying hard, meeting with the sheriff, police chiefs and the CHP in Ventura County. If we succeed, that would be the end of worries of cars being impounded at checkpoints. We’re going to say: Esto se acabó” — We’ve done it.

The group Todo Poder has been using Facebook, Twitter and text to warn motorists of potential checkpoints locations. The group’s website is: https://todopoderalpueblo.org/ Photo by Cesar Arredondo / Amigos805

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Luchan contra retenes mientras persiguen un sueño

Activistas usan las últimas tecnologías para ayudar a los automovilistas indocumentados y esperan que 2013 brinde ‘licencia para todos’

Por Cesar Arredondo / Amigos805

A Francisco Romero no le gustan los retenes policiales. Cree que las compañías de grúas y las municipalidades se aprovechan injustamente de indocumentados sin licencias de conducir.

Así que Romero quiere castigarlos donde piensa que más les duele: sus bolsillos.

El residente de Oxnard es miembro del Colectivo Todo Poder al Pueblo, un grupo activista que usa Facebook, Tweeter y mensajes de texto telefónico para advertir a los inmigrantes sobre los retenes antes de que estos empiecen, de modo que eviten que los detengan, los multen y les consignen sus vehículos.

Los miembros del colectivo también salen a las calles para ayudar a los automovilistas a esquivar las paradas de inspección. En una noche reciente llegaron con enormes carteles en inglés y español a lo largo del Saviers Road para alertar acerca de un retén a la vuelta de la esquina en el Pleasant Valley Road en Oxnard.

“Probablemente desviamos varios cientos de vehículos”, dice orgullosamente Romero. “Algunas de las personas que manejaban eran campesinas”.

SONDEO REGIONAL

Un estudio del Gran Jurado del Condado de Ventura sobre cuotas de vehículos consignados, publicado en marzo pasado, concluyó que la mayoría de las ciudades de la región cobran cargos de acuerdo al código estatal de vehículos.

El colectivo no confía en los resultados y planea mantener su sistema preventivo contra los retenes.

Hasta el año pasado a los conductores sin licencia les confiscaban sus vehículos por un período obligatorio de 30 días al ser detenidos en los puntos de inspección y además enfrentaban otros cobros de acuerdo a las leyes estatales y locales. Eso significaba gastos de hasta $1,500, una cifra a menudo superior al valor del carro. Muchos inmigrantes abandonaban sus vehículos en lugar de pagar los cargos y aun enfrentaban multas de las cortes.

ALGO DE AYUDA

Una nueva legislación estatal, sin embargo, prohíbe el remolque automático de carros de choferes sin licencia en los retenes. La ley AB 353 fue presentada por el asambleísta Gil Cedillo (demócrata de Los Ángeles) tras enterarse que la infame ciudad de Bell utilizaba las paradas de revisión para cobrar altas multas a los inmigrantes indocumentados sin licencia. La ley entró en vigor a principios de este año.

Ahora los conductores sin licencia pueden pedir que los propietarios registrados de los carros o sus representantes autorizados recojan los vehículos mostrando una licencia de conducir antes de que cierren retenes, de acuerdo a Jamie Brown, coordinador de tráfico del Departamento de Policía de Oxnard.

De lo contrario, los coches serán remolcados lejos pero pueden recogerse los días inmediatos, ya sin un mínimo de 30 días, dice Brown. En Oxnard esto significa tener que pagar una cuota del permiso policial para devolver carros de $241, la tarifa de la grúa de $130 y la cuota de aparcamiento diario de $30—unos $400 en total.

INSUFICIENTE PROGRESO

El Colectivo Todo Poder al Pueblo reconoce que las cosas han mejorado, pero insiste en que los municipios y las compañías de grúas siguen cobrando tarifas altas y aprovechándose de muchos inmigrantes indocumentados, quienes por lo regular trabajan en empleos poco remunerados de la agricultura y otros sectores.

Oxnard tiene los permisos policiales más caros para devolver carros confiscados en todo el condado.

Thousand Oaks ocupa el segundo lugar con $220, seguido por Ventura con $200 dólares y Port Hueneme con $160. El Departamento del Sheriff cobra una cuota de $11 en las áreas no incorporadas, la más baja en el condado.

Los activistas también cuestionan el uso de los fondos recaudos con los permisos.

Pero según el informe del gran jurado, en el caso de Oxnard la cuota de $241 cubre el costo de personal y recursos de los retenes, incluido un oficial de policía, un comandante del departamento de policía, un distribuidor, un técnico de registros, un procesador de textos y una patrulla. Otras ciudades utilizan diferentes fórmulas. El informe no especifica el costo por cada renglón.

SUBVENCIONES ESTATALES

Por otro lado, la ciudad también recibe varios fondos de la Oficina para la Seguridad de Tráfico de California para programas de prevención de colisiones y del manejo en estado de ebriedad, que incluye uno o dos retenes al mes, dice Brown, el coordinador de tráfico.

Por ejemplo, en noviembre de 2010 la ciudad obtuvo 305 mil dólares en fondos para todo un año, de acuerdo con un comunicado de prensa de la policía. El documento no especificó cuánto dinero se destinó a los retenes.

En las últimas paradas de inspección del 25 de mayo, más luego 20 agentes de policía y varios otros voluntarios trabajaron dos localidades, una en la intersección de las calles Pleasant Valley y Saviers, y la otra en la esquina del bulevar Oxnard y la Calle Ocho. Ahí también se usaron varias motocicletas, autopatrullas, camiones y otros equipos.

EDUCACION DE LA COMUNIDAD

La policía y los activistas parecen coincidir en que la cantidad de automóviles confiscados está disminuyendo este año gracias a la ley AB 353 basándose en evidencia anecdótica, aunque no proporcionan cifras.

A fin de mantener los números bajos, algunos líderes hispanos dicen que la comunidad debe informarse de sus derechos y responsabilidades.

“Muchos inmigrantes indocumentados siguen manejando pero desconocen la nueva ley”, dice Miguel Rodríguez, un organizador comunitario de la Alianza Unida de la Costa Central para una Economía Sostenible, CAUSE por sus siglas en inglés. “Deben informarse de las nuevas reglas y siempre traer una matrícula consular, un número de teléfono de alguien que pueda recoger sus coches en los retenes y la prueba de seguro de auto. Además tiene que evitar situaciones que puedan resultar en su detención”.

“La confiscación de vehículo era una situación terrible en el Condado de Ventura”, dice Alicia Flores, directora ejecutiva de La Hermandad y Centro Juvenil y Familiar Hank Lacayo de Oxnard. “Pero las cosas están cambiando. En nuestro centro ya no recibimos tantas quejas como antes”.

La mayoría de los activistas cree que la mejor solución sería una reforma migratoria integral, la cual ha resultado elusiva bajo el mandato del Presidente Barack Obama.

OTRO INTENTO MÁS

Por ahora están enfocando su atención en otra iniciativa de ley en Sacramento que restauraría la licencia de conducir para inmigrantes indocumentados, la cual estuvo disponible por muchos años hasta que se eliminó en 1993.

El asambleísta Gil Cedillo, un demócrata de Los Ángeles, dice que nuevamente presentará su propuesta legislativa en los próximos meses antes de que concluya su último período de servicio en la legislatura a fines de este año. Hay un nuevo sentir optimista entre los inmigrantes en California. El estado aprobó la ley Dream que permite a los estudiantes indocumentados obtener ayuda financiera para asistir a la universidad.

Y algunas personas subrayan el respaldo a favor de las licencias para indocumentados que anunciaron recientemente el sheriff del Condado de Los Ángeles, Lee Baca, y el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck.

“Tenemos esperanza de que 2013 será el año”, dice Elliott Gabriel, otro miembro del Colectivo de Todo Poder al Pueblo. “Necesitamos que toda la comunidad apoye esta campaña y que insista que ahora es el momento.

Necesitamos la cooperación de sindicatos, grupos religiosos, estudiantes, de todos en nuestras comunidades”.

Agrega Romero, el otro miembro del colectivo: “Vamos a estar presionando duro, reuniéndonos con el sheriff, los jefes de policía y la Patrulla de Caminos de California en el Condado de Ventura. Si lo logramos, sería el fin de las preocupaciones por perder vehículos en los retenes. Vamos a decir: Esto se acabó”.

Los agentes de la Policía de Oxnard recientemente instalaron un retén en la ciudad en busca de conductores ebrios o sin licencia. El Colectivo Todo Poder usa Facebook, Twitter y textos por teléfono para alertar a los conductores acerca de retenes policiales. Foto por Cesar Arredondo / Amigos805