HA LLEGADO EL MOMENTO – Acceso a licencias para todos en California

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A mediados de los 90s, bajo la administración del gobernador Pete Wilson, se produjo una ola de sentimiento anti-migrante que contribuyó al desarrollo de la Proposición 187—la cual pretendía prohibir a hombres, mujeres y niños sin papeles el acceso a la educación pública, atención médica y demás servicios sociales. La Proposición 187 fue aprobada con el 59% de los votantes a favor (aproximadamente 5 millones) y el 41% en contra (aproximadamente 3.5 millones). Posteriormente, la Proposición 187 fue cuestionada en la corte como inconstitucional y, a pesar de que Pete Wilson intentó apelar la revocación, el gobernador entrante Gray Davis removió las apelaciones y así logró eliminar la propuesta.

Es importante destacar que hubo protestas masivas en contra de la Proposición 187. El sentimiento anti-migrante y sus respectivos proyectos legislativos marcaron el comienzo de una nueva generación de activistas que se comprometieron a la lucha por la justicia. En Los Ángeles, por ejemplo, más de 70,000 personas marcharon en contra de la proposición y cientos de estudiantes se organizaron por todo el estado para salir de sus escuelas en protesta, algo que no se había visto desde 1968.

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Fue también a mediados de los 90s cuando se realizó un cambio significativo para el acceso a licencias por personas indocumentadas. Anterior a 1994, un individuo podía entrar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y simplemente presentar documentos que comprobaran que vivía en el estado de California. Por ejemplo, podía entregar una factura de servicios públicos o un recibo de teléfono y sucesivamente inscribirse para tomar los exámenes (por escrito y práctica) de manejo, así demostrando que tenía el conocimiento básico de las normas y los reglamentos necesarios para conducir en las calles y carreteras de California.

Sencillo.

Sin embargo, este proceso cambió drásticamente a mediados de los 90s y sigue vigente hoy en día. Actualmente se exige que cualquier persona que desee acceder a una licencia para conducir compruebe su ciudadanía a través de un número de seguro social, ya que no es suficiente simplemente demostrar su residencia en el estado. Este nuevo requisito ha excluido a más de 1 millón de trabajadores indocumentados del proceso para acceder a licencias y ha producido un dilema para los trabajadores que se encuentran con la necesidad de manejar sin licencia.

Sólo existen 3 estados en los Estados Unidos que reconocen la importancia de mantener el acceso a licencias para todos los conductores; Nuevo México, Utah y Washington. Recientemente, el gobernador de Nuevo México intentó revertir esta práctica pero fue detenido por la legislatura.

¿Por qué California no permite el acceso a licencias para todos?

En este momento, está claro que a nivel federal no existe una semblanza de “reforma comprehensiva migratoria” y, sobre todo, una reforma que esté “basada en la dignidad, al igual que en los derechos laborales, humanos, y civiles para todas las personas.*” Barack Obama y sus falsas promesas de aprobar una reforma se han quedado al margen ya que en realidad se han visto cantidades históricas de deportaciones masivas bajo su administración, por medio de programas como “Comunidades Seguras”, las cuales no se habían visto desde la época de la “Operación Espalda Mojada”. La política anti-migrante continua escalando a nivel nacional, por ejemplo, la ley SB 1070 conocida como la ley “Muéstrame tus documentos” de Arizona. Otros estados que han intentado literalmente seguir a Arizona incluyen: Indiana, Utah, Mississippi, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. El año pasado California bloqueó el proyecto gemelo de la ley SB 1070 junto con otras propuestas anti-migrante que persisten.

Ni el reciente DREAM Act fue aprobado. Aunque solamente ayudaría a un sector pequeño y muy específico de inmigrantes (los jóvenes/estudiantes), el DREAM Act pudo abrir paso a un “camino a la ciudadanía” a través de estrictos requisitos que incluían educación superior o reclutamiento militar.  Sin embargo, casi el 70% de esta población de jóvenes/estudiantes indocumentados tendría que aplicar por medio del servicio militar gracias a los altos costos de una educación universitaria, los recortes de los presupuestos, etc. Estas circunstancias convertirían a estos jóvenes en carne de cañón para las guerras en el extranjero—en lugares como el Medio Oriente, Asia, África y América Latina—y tal vez obtendrían la ciudadanía mientras esperaran la fecha de su deportación o, en el peor de los casos, recibirían la ciudadanía póstumamente.

Ya que no existe una propuesta comprensiva de reforma migratoria, que beneficie a la población indocumentada en toda la nación, comunidades se han levantado para emprender cambios a nivel local y/o estatal que afectan a la población migrante.

Por ejemplo, California recientemente aprobó AB 130 y AB 131 y que garantizan que estudiantes indocumentados residentes de California tengan el derecho de pagar la matrícula estatal y la posibilidad de beneficiarse de becas y otros recursos indispensables para continuar sus estudios. Asimismo, ha habido esfuerzos que intentan impedir el aumento de los retenes policiales y así disminuir el abuso que han tenido que enfrentar los trabajadores indocumentados durante los últimos veinte años. El sistema utilizado por los departamentos de policía y gobiernos locales exigen que los vehículos que son confiscados de conductores sin licencia se mantengan (por obligación) un mínimo de 30 días en el corral de la grúa. Adicionalmente, no solo es confiscado el vehículo sino también en muchos casos estas familias se ven forzadas a caminar hasta sus casas con todas sus pertenencias, o, a esperar en la calle con sus niños de brazo para que un familiar los recoja. Al no permitirles recoger su vehículo al día siguiente se acumulan los costos por la confiscación mínima de 30 días. Estos costos impiden que muchas personas recuperen el vehículo y permite que se venda  en una subasta, produciendo aun más ganancia para las empresas de grúa y los gobiernos locales. Si todo esto no fuera poco, los dueños de los vehículos son multados adicionalmente por abandonar su vehículo en el corral de la grúa.

Si un conductor sin licencia desea recuperar su vehículo tendría que pagar todas las multas que le costaría miles de dólares, entre $1,000-$3,000 es lo que suele costar rescatar un vehículo de las garras del Estado. La mayoría de los departamentos de policía de la ciudad cobran un “cargo administrativo” entre $100-$200 para permitir que alguien recoja el vehículo. En algunas lugares, en la ciudad de Oxnard por ejemplo, los “cargos administrativos” para librar el vehículo son $241 (el más alto en el condado de Ventura), y cerca de $100 de estos “cargos administrativos” van al oficial que citó al conductor sin licencia y que es responsable por la confiscación del vehículo. Qué bonita táctica de motivación.

Adicionalmente, aparte de los cargos iniciales de la grúa, la mayoría de las compañías cobran entre $30-$60 por vehículo/por noche que está en el corral. Si a estos costos se le agregan las multas que cobra la corte por conducir sin licencia queda claro que este sistema lucrativo a producido millones de dólares en ganancias a lo largo de las últimas dos décadas. La cantidad de retenes policiales ha aumentado por un 53% en los últimos años. ¿Coincidencia?

Comunidades en ciudades urbanas de California como San Diego, Santa Ana,  San Francisco, San José, y Los Ángeles, tanto como en pueblos pequeños como Oxnard, se han organizado para denunciar los retenes policiales. Estos retenes—que las autoridades encubren con falsas declamaciones sobre la seguridad vial junto con sus esfuerzos erróneos para eliminar conductores inebriados—son parte de un esquema que disfruta de ganancias en millones de dólares (con un promedio de $40 millones por año) a costa de una población vulnerable y un sector económicamente marginada por el estado: la Raza trabajadora sin papeles.

Photo: Members of the Southern California Immigration CoalitionPhotoPhoto: Licenses for the undocumented. Beware of checkpoints and patrols. 

Recientemente, la colaboración de grupos por todo el estado y la presión de la comunidad logró que se aprobara AB 353. Esta nueva ley garantiza derechos específicos en los retenes de policía para personas que conducen sin licencia. Las autoridades ya no pueden confiscar los vehículos de personas sin licencia simplemente por no tener acceso a la solicitud de este documento y debe permitir que el dueño registrado del vehículo—o un conductor con licencia que tenga el permiso del dueño registrado—pueda llevarse el vehículo y así evitar que sea confiscado. Evidentemente, AB 353 ha resultado en una gran disminución de vehículos confiscados en los retenes.

Ahí está el problema.

Ahora que la policía ya no puede confiscar vehículos en los retenes (más bien robarle los vehículos a Raza indocumentada para sacar ganancia), han comenzado a utilizar los fondos de las subvenciones estatales y federales destinadas a prevenir DUI (conducir bajo la influencia) menos para los retenes y más para “patrullas en saturación” donde no aplican las protecciones garantizadas por AB 353. En realidad, más del 90% de los vehículos confiscados de Raza indocumentada ocurren en paradas de tráfico general y no en los retenes. Los niveles inmensos de discriminación racial y la criminalización sistemática de miles de personas continúan.

El proyecto de ley AB 1993 que actualmente va en camino legislativo, y ha sido aprobado por la asamblea estatal, conseguiría garantizar los derechos otorgados en los retenes por AB 353 y aplicarlos a todas las paradas de tráfico. Esta medida progresista apaciguaría la situación actual por lo que debemos impulsarla y apoyarla. Conductores sin licencia que son detenidos en paradas de tráfico estarían protegidos de que sus vehículos sean confiscados, sin embargo, todavía tendrían que pagar una multa por haber conducido sin licencia.

La economía del estado de California se apoya en los hombros de Raza trabajadora. Ahora más que nunca ha llegado el momento para proclamar el acceso a las licencias para todos en California. Usamos nuestros vehículos para llevar a nuestros hijos a la escuela, para ir a trabajar en los campos, fábricas, restaurantes, y hoteles que históricamente han mantenido este estado a flote y prosperando. Vamos a exigir salarios dignos para sostener a nuestras familias y vamos a deshacernos del miedo que nos conlleva al poneros detrás del volante todos los días.

Este verano comunidades en todo el estado—desde San Diego hasta Sacramento—se unirán para impulsar el proyecto de ley que garantice el acceso a licencias para todos. Manténganse atentos ya que hay información por venir, y ¡Únase a nosotros!

¡Ya basta! Licencias Para Todos Ahora!

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