A mediados de los 90s, bajo la administración del gobernador Pete Wilson, se produjo una ola de sentimiento anti-migrante que contribuyó al desarrollo de la Proposición 187—la cual pretendía prohibir a hombres, mujeres y niños sin papeles el acceso a la educación pública, atención médica y demás servicios sociales. La Proposición 187 fue aprobada con el 59% de los votantes a favor (aproximadamente 5 millones) y el 41% en contra (aproximadamente 3.5 millones). Posteriormente, la Proposición 187 fue cuestionada en la corte como inconstitucional y, a pesar de que Pete Wilson intentó apelar la revocación, el gobernador entrante Gray Davis removió las apelaciones y así logró eliminar la propuesta.

Es importante destacar que hubo protestas masivas en contra de la Proposición 187. El sentimiento anti-migrante y sus respectivos proyectos legislativos marcaron el comienzo de una nueva generación de activistas que se comprometieron a la lucha por la justicia. En Los Ángeles, por ejemplo, más de 70,000 personas marcharon en contra de la proposición y cientos de estudiantes se organizaron por todo el estado para salir de sus escuelas en protesta, algo que no se había visto desde 1968.

Fue también a mediados de los 90s cuando se realizó un cambio significativo para el acceso a licencias por personas indocumentadas. Anterior a 1994, un individuo podía entrar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y simplemente presentar documentos que comprobaran que vivía en el estado de California. Por ejemplo, podía entregar una factura de servicios públicos o un recibo de teléfono y sucesivamente inscribirse para tomar los exámenes (por escrito y práctica) de manejo, así demostrando que tenía el conocimiento básico de las normas y los reglamentos necesarios para conducir en las calles y carreteras de California.

Sencillo.

Sin embargo, este proceso cambió drásticamente a mediados de los 90s y sigue vigente hoy en día. Actualmente se exige que cualquier persona que desee acceder a una licencia para conducir compruebe su ciudadanía a través de un número de seguro social, ya que no es suficiente simplemente demostrar su residencia en el estado. Este nuevo requisito ha excluido a más de 1 millón de trabajadores indocumentados del proceso para acceder a licencias y ha producido un dilema para los trabajadores que se encuentran con la necesidad de manejar sin licencia.

Sólo existen 3 estados en los Estados Unidos que reconocen la importancia de mantener el acceso a licencias para todos los conductores; Nuevo México, Utah y Washington. Recientemente, el gobernador de Nuevo México intentó revertir esta práctica pero fue detenido por la legislatura.

¿Por qué California no permite el acceso a licencias para todos?

En este momento, está claro que a nivel federal no existe una semblanza de “reforma comprehensiva migratoria” y, sobre todo, una reforma que esté “basada en la dignidad, al igual que en los derechos laborales, humanos, y civiles para todas las personas.*” Barack Obama y sus falsas promesas de aprobar una reforma se han quedado al margen ya que en realidad se han visto cantidades históricas de deportaciones masivas bajo su administración, por medio de programas como “Comunidades Seguras”, las cuales no se habían visto desde la época de la “Operación Espalda Mojada”. La política anti-migrante continua escalando a nivel nacional, por ejemplo, la ley SB 1070 conocida como la ley “Muéstrame tus documentos” de Arizona. Otros estados que han intentado literalmente seguir a Arizona incluyen: Indiana, Utah, Mississippi, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. El año pasado California bloqueó el proyecto gemelo de la ley SB 1070 junto con otras propuestas anti-migrante que persisten.

Ni el reciente DREAM Act fue aprobado. Aunque solamente ayudaría a un sector pequeño y muy específico de inmigrantes (los jóvenes/estudiantes), el DREAM Act pudo abrir paso a un “camino a la ciudadanía” a través de estrictos requisitos que incluían educación superior o reclutamiento militar.  Sin embargo, casi el 70% de esta población de jóvenes/estudiantes indocumentados tendría que aplicar por medio del servicio militar gracias a los altos costos de una educación universitaria, los recortes de los presupuestos, etc. Estas circunstancias convertirían a estos jóvenes en carne de cañón para las guerras en el extranjero—en lugares como el Medio Oriente, Asia, África y América Latina—y tal vez obtendrían la ciudadanía mientras esperaran la fecha de su deportación o, en el peor de los casos, recibirían la ciudadanía póstumamente.

Ya que no existe una propuesta comprensiva de reforma migratoria, que beneficie a la población indocumentada en toda la nación, comunidades se han levantado para emprender cambios a nivel local y/o estatal que afectan a la población migrante.

Por ejemplo, California recientemente aprobó AB 130 y AB 131 y que garantizan que estudiantes indocumentados residentes de California tengan el derecho de pagar la matrícula estatal y la posibilidad de beneficiarse de becas y otros recursos indispensables para continuar sus estudios. Asimismo, ha habido esfuerzos que intentan impedir el aumento de los retenes policiales y así disminuir el abuso que han tenido que enfrentar los trabajadores indocumentados durante los últimos veinte años. El sistema utilizado por los departamentos de policía y gobiernos locales exigen que los vehículos que son confiscados de conductores sin licencia se mantengan (por obligación) un mínimo de 30 días en el corral de la grúa. Adicionalmente, no solo es confiscado el vehículo sino también en muchos casos estas familias se ven forzadas a caminar hasta sus casas con todas sus pertenencias, o, a esperar en la calle con sus niños de brazo para que un familiar los recoja. Al no permitirles recoger su vehículo al día siguiente se acumulan los costos por la confiscación mínima de 30 días. Estos costos impiden que muchas personas recuperen el vehículo y permite que se venda  en una subasta, produciendo aun más ganancia para las empresas de grúa y los gobiernos locales. Si todo esto no fuera poco, los dueños de los vehículos son multados adicionalmente por abandonar su vehículo en el corral de la grúa.

Si un conductor sin licencia desea recuperar su vehículo tendría que pagar todas las multas que le costaría miles de dólares, entre $1,000-$3,000 es lo que suele costar rescatar un vehículo de las garras del Estado. La mayoría de los departamentos de policía de la ciudad cobran un “cargo administrativo” entre $100-$200 para permitir que alguien recoja el vehículo. En algunas lugares, en la ciudad de Oxnard por ejemplo, los “cargos administrativos” para librar el vehículo son $241 (el más alto en el condado de Ventura), y cerca de $100 de estos “cargos administrativos” van al oficial que citó al conductor sin licencia y que es responsable por la confiscación del vehículo. Qué bonita táctica de motivación.

Adicionalmente, aparte de los cargos iniciales de la grúa, la mayoría de las compañías cobran entre $30-$60 por vehículo/por noche que está en el corral. Si a estos costos se le agregan las multas que cobra la corte por conducir sin licencia queda claro que este sistema lucrativo a producido millones de dólares en ganancias a lo largo de las últimas dos décadas. La cantidad de retenes policiales ha aumentado por un 53% en los últimos años. ¿Coincidencia?

Comunidades en ciudades urbanas de California como San Diego, Santa Ana,  San Francisco, San José, y Los Ángeles, tanto como en pueblos pequeños como Oxnard, se han organizado para denunciar los retenes policiales. Estos retenes—que las autoridades encubren con falsas declamaciones sobre la seguridad vial junto con sus esfuerzos erróneos para eliminar conductores inebriados—son parte de un esquema que disfruta de ganancias en millones de dólares (con un promedio de $40 millones por año) a costa de una población vulnerable y un sector económicamente marginada por el estado: la Raza trabajadora sin papeles.

 

Recientemente, la colaboración de grupos por todo el estado y la presión de la comunidad logró que se aprobara AB 353. Esta nueva ley garantiza derechos específicos en los retenes de policía para personas que conducen sin licencia. Las autoridades ya no pueden confiscar los vehículos de personas sin licencia simplemente por no tener acceso a la solicitud de este documento y debe permitir que el dueño registrado del vehículo—o un conductor con licencia que tenga el permiso del dueño registrado—pueda llevarse el vehículo y así evitar que sea confiscado. Evidentemente, AB 353 ha resultado en una gran disminución de vehículos confiscados en los retenes.

Ahí está el problema.

Ahora que la policía ya no puede confiscar vehículos en los retenes (más bien robarle los vehículos a Raza indocumentada para sacar ganancia), han comenzado a utilizar los fondos de las subvenciones estatales y federales destinadas a prevenir DUI (conducir bajo la influencia) menos para los retenes y más para “patrullas en saturación” donde no aplican las protecciones garantizadas por AB 353. En realidad, más del 90% de los vehículos confiscados de Raza indocumentada ocurren en paradas de tráfico general y no en los retenes. Los niveles inmensos de discriminación racial y la criminalización sistemática de miles de personas continúan.

El proyecto de ley AB 1993 que actualmente va en camino legislativo, y ha sido aprobado por la asamblea estatal, conseguiría garantizar los derechos otorgados en los retenes por AB 353 y aplicarlos a todas las paradas de tráfico. Esta medida progresista apaciguaría la situación actual por lo que debemos impulsarla y apoyarla. Conductores sin licencia que son detenidos en paradas de tráfico estarían protegidos de que sus vehículos sean confiscados, sin embargo, todavía tendrían que pagar una multa por haber conducido sin licencia.

La economía del estado de California se apoya en los hombros de Raza trabajadora. Ahora más que nunca ha llegado el momento para proclamar el acceso a las licencias para todos en California. Usamos nuestros vehículos para llevar a nuestros hijos a la escuela, para ir a trabajar en los campos, fábricas, restaurantes, y hoteles que históricamente han mantenido este estado a flote y prosperando. Vamos a exigir salarios dignos para sostener a nuestras familias y vamos a deshacernos del miedo que nos conlleva al poneros detrás del volante todos los días.

Este verano comunidades en todo el estado—desde San Diego hasta Sacramento—se unirán para impulsar el proyecto de ley que garantice el acceso a licencias para todos. Manténganse atentos ya que hay información por venir, y ¡Únase a nosotros!

¡Ya basta! Licencias Para Todos Ahora!

In the mid 1990’s, under the then Governor Pete Wilson, there was a wave of anti-migrante sentiment which ushered in Proposition 187, aiming to prohibit anybody undocumented, men, women and children from accessing health care, public education and other social services. Proposition 187 passed, with nearly 59% of voters, about 5 million supporting and 41% of the electorate voted against, totaling about 3.5 million voters.  Prop 187 was subsequently challenged in court as unconstitutional and after Pete Wilson attempted to appeal the overturning of Prop 187, the incoming governor, Gray Davis “pulled the appeal, effectively killing the law.”

Importantly, it must be highlighted that there were mass protests against the Proposition 187.  The outright anti-migrante bill also ushered in a new generation of activists that came out to fight for justice. In Los Angeles, for example, over 70,000 marched against the bill and hundreds upon hundreds of students organized mass walk-outs from schools across the state that had not been seen since 1968.

It was also during the mid 1990’s however, that a major change in the ability for undocumented workers to access driving licenses changed dramatically. Prior to 1994, a person could walk into the Department of Motor Vehicles (DMV) and simply present a few documents proving that they resided in the state. For example, you could bring in a utility or phone bill that proved residency and then, simply, one would sign up to take the written exam and manual driving test to prove that they had the basic understanding of the rules and regulations as related to driving on California streets and highways.

Simple.

This was drastically altered during the mid 1990’s, where now and since then, anybody that wanted to access a driving license could no longer prove residency of living in the state by providing utility bills and an identification, but now had to prove citizenship via a social security number. This essentially barred over 1 million undocumented workers to access the much needed license and has led to a catastrophic dilemma of workers driving without licenses.

There are only three (3) states that continue to see the importance of providing access to driving licenses to all motorists, the states of New Mexico, Utah, and Washington.  Recently, the governor of New Mexico attempted to overturn the practice, but was shut out by the legislature.

The question is, why does California not allow access to driving licenses for all?

Today, at the federal level, there clearly appears to be no semblance of a ‘Comprehensive Immigration Reform’ on the horizon, especially a reform that is “based on dignity, human, labor, civil rights for all people.*” The false promises of Barack Obama to pass reform have fallen by the wayside and in fact, have led to historical record-breaking mass deportations, via programs such as “Secure Communties”, unseen since the old days of Operation Wetback.

Especially with the ever encroaching anti-migrante politica coming out of the states like  Arizona, with Senate Bill 1070 – the ‘Show me your papers bill” for example. Other states are following to copy cat Arizona, like the states of Indiana, Utah, Mississipi, Kentucky, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Nebraska, South Carolina, Tennessee, and Texas. Last year, California blocked the SB-1070 Copy Cat bill, among other anti-migrante bills that are lingering.

Not even the federal DREAM ACT was passed, a proposal that would provide a very specific sector of youth and students the possibility of attaining a ‘path to citizenship’ through a strict arduous trek either through higher education or military recruitment. Nearly 70% of this undocumented youth/student sector would most likely have to take the military enlistment route – a “poverty draft”,  due to the high costs of a college education, budget cuts, etc… leading them to be the cannon fodder for the upcoming wars abroad in the Middle East, Asia, Africa and Latin America, perhaps gaining citizenship while waiting in line for deportation or posthumously.

Having that any real ‘reform’ benefitting migrantes at a national level looks bleak, communities have launched efforts to change local or state policy affecting migrantes.

For example, the state of California recently passed AB-130 and AB-131, granting undocumented students access to in-state tuition and the possibility of benefiting from access to scholarships and other much needed resources to continue their studies.  There have also been efforts to address the abuse and profiteering generated from the increase in police checkpoints where, undocumented workers, for the past nearly twenty years had to deal a mandatory 30-day impound policy for vehicles confiscated from unlicensed drivers. These undocumented workers were forced to have their vehicle impounded, and in many cases, forced to walk home will all their belongings, children hugging them as they waited at the curbside for somebody to pick them up. They could not pick up their vehicle the next day, rather, had to wait out the 30-Day Impound, and then have to consider the costs. Many would leave their vehicle impounded, where their auto was later sold in an auction, bringing in more profits for the tow-yard companies and the city. On top of that, they were still fined for leaving their vehicle at the tow-yard.

  

If an undocumented driver even fathomed paying all of the ransom fines to recover their vehicle, it literally cost them thousands of dollars. A minimum of anywhere from $1,500-$3,000 in fees is what it usually cost to rescue their auto from the grips of the state. Most city police departments first, charge an ‘administrative/release fee’ ranging from $100-$200 to get a permit to pick up a vehicle.  In some cities,  for example the in the city of Oxnard, the ‘release permit’ costs $241 (the highest in the county of Ventura) at the police station with some of the ‘administrative fees’, nearly $100 goes back into the pocket of the citing officer. Nice little incentive. Then, most local impound yards charge anywhere from $30-$60 a night per vehicle impound plus fees for the tow. Then, adding on top of that the fines in court for ‘driving without a license.’  These fees have resulted in millions of dollars in profit over the last two decades.  The rate of police checkpoints has increased by 53% in the last couple of years.

  

Communities across California, from urban cities like San Diego, to Santa Ana, to San Francisco, San Jose to Los Angeles to smaller towns such as Oxnard began to organize to expose police checkpoints, guised under traffic safety and driving under the influence revision checks as a profiting scheme to rake in millions of dollars, with an average of $40 million per year off the back of the most vulnerable, economically disenfranchised population in the state; working-class Raza sin papeles. Recently, with the state-wide unity and pressure from the community AB-353 was enacted. With the passing of AB-353 new rights are now guaranteed to unlicensed drivers at police checkpoints, where authorities can no longer impound vehicles of undocumented unlicensed drivers simply for not having access to a license. The police must allow for the registered owner, or a licensed driver with the permission of the registered owner of the vehicle to secure the vehicle from the checkpoint without it being towed. AB-353 has led to a sharp decrease in the number of impounds at checkpoints.

   

Therein lays the problem.

Now that the police can no longer confiscate, outright steal undocumented Raza’s vehicles from checkpoints to cash in, they have reverted to utilizing state and federal grants for dealing with Driving Under the Influence away from checkpoints to mass ‘Saturation Patrols’, a loophole, where the protections at checkpoints are null and void. The reality is that over 90% or more of the impounded vehicles from undocumented Raza occurs outside of official checkpoints at general traffic stops. The dramatic increase in racial profiling and systematic criminalization of thousands upon thousands continues.

There is a bill, AB-1993 that has worked its way into the state legislature and has now passed the assembly. This bill would essentially guarantee the rights given at checkpoints by AB-353 to general traffic stops. This is a progressive measure that would ameleorate some of the burden, so we must push and support it. Unlicensed drivers would be protected in most general traffic stops from their vehicles from being towed, however, they would still be fined for driving without a valid California Driver License.

The very backbone of the state of California’s economy rests upon the shoulders of Raza. Now more than ever, the time has come, to enact access to Licenses for All in California.  We use our vehicles to take our children to school,  go to work  in the campos, factories, restaurants, hotels that have historically kept this state afloat and thriving.  We will demand dignified wages to sustain our families and can no longer live in fear from getting behind the wheel and become open targets every day for not having a license to drive.

This summer, communities will unite state-wide to push for the long overdue access to licenses for all.  From San Diego to Sacramento. Stay tuned for more information to come! Join us!

Ya basta! Licencias para todos, ahora!